El comentario se refiere a dos leyes promulgadas en 2014 sobre las relaciones
exteriores de España, que eran necesarias desde hace tiempo: la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (Ley 2/2014 de 25 de marzo), y la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (Ley 25/2014 de 27 de noviembre).
La Constitución de 1978 previó unas disposiciones escuetas sobre relaciones
internacionales y celebración de tratados por España, que han servido de marco
para la práctica, pero que evidentemente fueron superadas por el empuje de la
acción exterior de las Comunidades Autónomas, y por la enorme proliferación de
actuaciones internacionales de otros actores públicos, incluyendo varios
departamentos del Gobierno central.
Al ser España un Estado miembro de la Unión
Europea y plenamente integrado en la globalización, los actores públicos y
privados tienen una dimensión internacional creciente, lo que obligaba a desarrollar
las disposiciones constitucionales. La mayoría absoluta del Gobierno del PP en la
legislatura acabada en 2015 y el empeño del ministro García-Margallo
permitieron la adopción de estas dos leyes, aunque es de destacar la falta de
negociación con otros grupos parlamentarios en el trámite de su aprobación, y
la escasa atención prestada al importante Dictamen del Consejo de Estado
394/2013 al anteproyecto de la primera ley.
El
propósito fundamental de los dos textos legales es la necesidad de conseguir
una coherencia en la acción exterior de España. Esta coherencia se obtiene a
través de algunos principios definidos en las leyes: el principio de unidad de
la acción exterior del Estado, el principio de lealtad institucional y el
principio de servicio al interés general. Dichos principios intentan poner
orden en la actividad internacional de Comunidades Autónomas y de ministerios
(por ejemplo Defensa o Economía), que suscribían documentos de difícil
calificación con actores extranjeros, que daban lugar a controversias
institucionales. Para conseguir una coherencia en la política exterior también
se prevé una Estrategia de Acción Exterior, la primera de las cuales fue
aprobada por el Gobierno en diciembre de 2014, aunque hay que esperar que
cualquier nuevo Gobierno produzca sus propias estrategias en el futuro. El artículo puede leerse aquí.
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