Con ocasión del aniversario del inicio de la Guerra de Ucrania, publico este artículo de opinión en la web de Alfa & Omega, suplemento del periódico ABC. Aquí se reproduce el texto, y este es el link al artículo: https://alfayomega.es/la-prioridad-debe-ser-la-paz/.
La guerra de Ucrania es un reto
político, jurídico y moral de primer orden. Un año después del inicio del
conflicto, el impacto humanitario es enorme y la situación estratégica se
encuentra enquistada. Aunque logre algunos avances, Rusia no podrá conseguir su
objetivo inicial de ocupar Kiev y la mayor parte del país. Y Ucrania no podrá
recuperar todo su territorio, incluyendo Crimea, como sus autoridades
pretenden.
Los expertos indican que la
evolución militar más probable es una prolongada guerra de desgaste. Si esto es
así, los países occidentales que apoyan a Ucrania deberían plantearse si es
conforme a sus principios y valores contribuir a tal estancamiento. Los miembros
de la UE y de la OTAN tienen la loable intención de cooperar en la defensa de
Ucrania, pero no basta con las buenas intenciones, es preciso calibrar también las
consecuencias de los actos. Una perpetuación de la guerra durante años
supondría costes humanitarios y económicos insoportables, y no ayudaría ni a la
resolución del conflicto ni a la paz mundial.
España y los países aliados apoyan
a Ucrania sobre la base de que está actuando en legítima defensa. En efecto, la
invasión rusa en febrero de 2022 fue un acto ilegal que dio a Ucrania ese
derecho. Sin embargo, el uso lícito de la fuerza militar debe ajustarse a
ciertos límites de acuerdo con el derecho y la moral. Ese es el sentido de la
doctrina de la guerra justa: en determinadas circunstancias el uso de la fuerza
armada está permitido, pero tiene que conformarse a unos fines, y el propósito
último debe ser alcanzar la paz.
La idea de la guerra justa fue
elaborada por autores cristianos y después influyó en la prohibición de la
guerra tras la Segunda Guerra Mundial. Los axiomas de que solo puede recurrirse
a la fuerza militar con una causa justa (ius ad bellum) y de que, en
todo caso, debe ejercerse respetando ciertas normas (ius in bello) están
incorporados en el derecho actual. La doctrina de la guerra justa, que
fundamenta la Carta de Naciones Unidas, fue elaborada en su día por teólogos
españoles como Francisco Suárez o Diego de Covarrubias, y después ha sido
actualizada por los filósofos John Rawls o Michael Walzer, entre otros.
Según el Derecho Internacional,
la legítima defensa es una causa justa para el uso de la fuerza militar, que
siempre debe cumplir ciertas exigencias. La ardua tarea del derecho es introducir
consideraciones racionales y humanitarias en los actos de guerra, tanto los
realizados por el agresor como por el agredido.
El artículo 51 de la Carta de
Naciones Unidas reconoce la legítima defensa como un derecho inmanente,
inherente o natural de cada Estado. A pesar de su carácter indisputable, este
derecho debe ser ejercido con restricciones. Una bien conocida es la
proporcionalidad: la acción militar debe estar destinada a recuperar el
territorio y no puede emplearse en otro escenario ni dirigirse contra otros
actores. Otro requisito prudencial importante es que la acción debe contar con
posibilidades razonables de éxito para llevar a cabo el fin defensivo.
Esto es muy relevante en el
contexto actual porque, en un conflicto donde la victoria total de cualquiera
de las partes es inverosímil, resulta contrario a los valores de la paz
contribuir a una prolongación de la guerra. En las hostilidades dilatadas en el
tiempo solo prosperan el sufrimiento de los civiles, los riesgos
internacionales, la venta de armas, y la degradación moral.
Introducir la luz de la
racionalidad en cualquier conflicto es siempre complicado. El Catecismo de la
Iglesia Católica se ocupa de muchas situaciones conflictivas y en particular de
la búsqueda de la paz en el mundo (§ 2309), donde declara: “Se han de considerar con
rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza
militar… La apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenece al
juicio prudente de quienes están a cargo del bien común”.
Esperemos que los líderes
políticos de los países occidentales no se dejen llevar por la rabia y el dolor
que producen los abusos y la injustica, para así poder explorar caminos hacia
la paz en un conflicto tan enconado. Como muestra la Unión Europea, ejemplo de
superación de guerras territoriales, el objetivo último del sistema
internacional debe ser la cooperación y el entendimiento entre los pueblos,
incluso en casos que hoy parece irrealizable.
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