La difícil responsabilidad de la Unión Europea en la protección del medio ambiente

 

La Unión Europea y sus Estados miembros mantienen una política activa de cuidado del medio ambiente en su territorio pero también tienen la responsabilidad de liderar la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático en todo el mundo. Esta misión es difícil porque otras potencias globales no están por la labor. Sobre este problema acabo de escribir La difícil responsabilidad de la Unión Europea en la protección del medio ambiente global, para el Instituto de Estudios Europeos. El deterioro del medio ambiente global sigue aumentando, y da igual dónde se produzca (sean los incendios en California o en el Amazonas, las olas de calor en Europa, o las islas de plástico en el Océano Pacífico) porque termina afectando a todos. Los europeos somos los más conscientes de este problema, cuya repercusión se agravará en el futuro, y debemos actuar globalmente de manera decidida para hacerle frente. Este es el texto de mi contribución:

La Unión Europea es líder mundial en respeto del medio ambiente. Sus normas abarcan un amplio espectro, desde la reducción de gases de efecto invernadero, a la calidad del aire en las ciudades, la protección de la flora y la fauna, hasta el uso de plásticos. Una buena síntesis de estas medidas se encuentra en este artículo de Beatriz Pérez de las Heras para el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos. En su reciente discurso sobre el estado de la Unión, la Presidenta de la Comisión ha insistido en el Pacto Verde Europeo como prioridad esencial de su mandato. Se trata de un ambicioso plan que prevé un crecimiento sostenible para alcanzar una economía competitiva que no esté basada en el uso de recursos fósiles hacia el horizonte 2050.

Pero la protección del medio ambiente no es solo una cuestión interna de la UE. La Unión lleva a cabo una política exterior activa para conseguir el cumplimiento del Acuerdo de París sobre cambio climático, así como otros patrones globales que tienden a evitar una polución excesiva y el deterioro de la naturaleza. Y aquí es donde surge la dificultad. La Unión y sus Estados miembros son defensores de esos estándares internacionales, pero otros actores globales no se muestran tan dispuestos a adquirir compromisos. A pesar del cumplimiento de los europeos, el medio ambiente global sigue degradándose debido a la acción de otras potencias, en particular los países emergentes muy poblados de Asia. En su relación con esos actores, la Unión Europea insiste en la protección del medio ambiente y la aceptación de normas globales, pero la Unión debe tener en cuenta igualmente otros condicionantes en dichas relaciones, como la necesidad de un comercio en beneficio mutuo o la realidad de sus economías en desarrollo.

La lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es un buen ejemplo de esa paradoja. Según la publicación EU energy in figures. Statistical pocketbook 2020, la Unión estaba cumpliendo su objetivo de reducir desde 1990 un 20% sus emisiones, lo que la sitúa en el buen camino para la reducción planeada del 40% en 2030. Es un gran esfuerzo que debe ser aplaudido. Sin embargo, otros actores globales siguen una tendencia totalmente opuesta. A diferencia de la Unión Europea y Estados Unidos, que habían reducido sus emisiones entre 2000 y 2018, según el mismo estudio estadístico China había pasado de emitir 3.140 millones de toneladas de CO2 en 2000 a 9.571 en 2018, y las cifras para el resto de Asia habían aumentado de 3.646 a 6.168 en esos mismos años. El continente asiático representaba un 47% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 2018.

Esta evolución no significa que la Unión Europea haya alterado la tendencia de sus relaciones económicas con las potencias emergentes de Asia. Todo lo contrario. Si observamos las cifras de comercio exterior, tanto las exportaciones como las importaciones de la UE hacia China se habían duplicado entre 2009 y 2019, según datos de Eurostat, poniendo esta relación comercial cerca de la que existe entre la UE y Estados Unidos, que sigue siendo el socio más importante. Todo esto supone que la insistencia de la Unión Europea sobre el cumplimiento del Acuerdo de París para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no va por el momento acompañada de consecuencias en los planos político y comercial por lo que se refiere a las relaciones con las potencias emergentes, China en particular.

Algo similar ocurre con el uso masivo del plástico, y la contaminación que provoca, especialmente en el mar. La Unión Europea ha comenzado a tomar medidas contra el abuso de plásticos desechables. Pero otros países todavía no han despertado a la necesidad de afrontar este problema. Diversos estudios demuestran que la contaminación por plástico es especialmente grave en Asia, y que los ríos de este continente están provocando una polución extraordinaria en el Océano Pacífico que afecta especialmente a los recursos vivos. La Unión y sus Estados miembros participan en los diversos foros internacionales que trabajan para la protección de los océanos, el cumplimiento del Derecho del Mar, y la defensa de la fauna marina. No obstante, la actuación de los europeos se muestra infructuosa frente a la enorme magnitud del problema. Los países ribereños del Pacífico de América Latina están llamando la atención sobre los efectos negativos de la contaminación y la pesca excesiva en alta mar porque sienten directamente las consecuencias. Pero en un mundo globalizado los efectos del deterioro del espacio marino terminarán afectando a todos. La Unión Europea y sus Estados miembros deberían implicarse más en cualquier situación global que suponga un quebranto del medio ambiente, sobre todo teniendo en cuenta que las consecuencias son de muy largo plazo y difíciles de revertir.

En el campo de la protección del medio ambiente, se observa por tanto una tensión que es ardua de resolver. Por un lado, la Unión Europea es respetuosa de las normas de protección del medio ambiente y pide a otras potencias globales que también lo sean. Sin embargo, por otro lado, tampoco puede penalizar las relaciones con los países que no cumplen esas normas o establecer una condicionalidad, que esos actores cumplirían difícilmente.

Esa tensión es un gran reto que la Unión tendrá que resolver al final con una acción exterior más decidida. Teniendo en cuenta que la protección del medio ambiente se ha convertido en una prioridad clara para el Consejo y la Comisión, debemos recordar que ese objetivo no se agota en las fronteras de la Unión, sino que adquiere una dimensión global que exige una acción exterior de nuevo cuño, en la que las cuestiones ambientales adquieran una mayor relevancia. La Unión Europea tiene la gran responsabilidad de liderar la defensa del medio ambiente planetario frente a actores internacionales menos conscientes de dicho desafío. Para ser consecuentes con esa responsabilidad histórica, los europeos no solo debemos dar ejemplo sino que también debemos exigir a los demás una conducta responsable. Esta exigencia debe ser un nuevo vector que marque la política exterior de la Unión Europea, incluido por supuesto el comercio, y la de sus países miembros.

Una política de Estado tras la crisis

A lo largo del estado de alarma provocado por la pandemia, he trabajado sobre las consecuencias políticas, económicas e internacionales de la crisis. Este trabajo de reflexión ha dado lugar a tres artículos que se han publicado en tres prestigiosos blogs, bajo los títulos siguientes:

Esglobal, 15 abril 2020, La decisión de nuestras vidas.

Hay Derecho, 9 mayo 2020, Una política de Estado tras la crisis. 

Nada es Gratis, 1 junio 2020, Lo que está en juego en Europa.

En entradas anteriores de este blog, he mencionado los artículos "La decisión de nuestras vidas", y "Lo que está en juego en Europa". Ahora destaco las siete ideas que se contienen en el artículo "Una política de Estado tras la crisis". En ese texto disponible aquí se defiende que la salida de crisis debe ser una oportunidad para hacer reformas profundas en nuestro sistema político, con el fin de conseguir mejores prácticas en la gestión pública y en la presencia de España en Europa. Las siete propuestas se ordenan bajo estos epígrafes:

Consenso político dentro del Estado
La columna vertebral de la sociedad y los ingresos públicos
Papel de la inteligencia y del mérito
La trampa de la deuda
Unión Europea: las fronteras de la solidaridad
Consumismo y medio ambiente
Gobernanza global.

Muchas gracias a los amigos y colegas de Hay Derecho por publicar este artículo!

Lo que está en juego en Europa

El blog de economía Nada es Gratis me publicó este artículo el 1 de junio, titulado "Lo que está en juego en Europa". El texto puede leerse en este enlace. 

El artículo compara la evolución probable de los cuatro grandes países de la Unión Europea a lo largo de los próximos años. Alemania sorteará bien la crisis y ganará más poder. Francia forma una sólida alianza estratégica con Alemania por lo que estará protegida de turbulencias financieras, pero deberá hacer profundas reformas y reducir el gasto. España deberá adoptar las medidas dolorosas de subir impuestos y reducir el gasto público, para lo que es preciso el consenso de los grandes partidos, evitar la polarización y mucha pedagogía política y espíritu de superación. Italia soportará los peores riesgos porque parte con una deuda del 132% del PIB, una politica inestable y un sentimiento poco europeista en su población. Tales evoluciones plantearán tensiones para la cohesión y la solidaridad dentro de la UE.

Mi patria son los principios

La pandemia que estamos viviendo pone de manifiesto el papel de la inteligencia y de la prospectiva. Durante años hubo señales que no se escucharon, igual que ocurre hoy con el medio ambiente, pero estamos condenados a que esto sea así. La gente prefiere cerrar los ojos ante las amenazas que se adivinan en el futuro, y los políticos piensan en las siguientes elecciones. Por este motivo, la prospectiva es una tarea ingrata. Si avisas de que algo malo puede pasar, el público se siente molesto y mira mal al mensajero, que solo está intentando cumplir un papel en beneficio de la sociedad. Si la advertencia se cumple, quien predijo el mal tampoco puede decir “lo avisé” porque entonces la gente piensa que es un listillo y en realidad no sirvió de nada que lo anunciara. Para entenderlo: cuando vamos a un taller para la revisión del coche y nos dicen que, además, debemos gastar dos mil euros para evitar un riesgo cierto, la reacción normal es creer que nos están timando y generalmente aguantaremos sin hacer la reparación hasta que sea inevitable.

La misión de la prospectiva se resume en estos diagramas que preparé para el informe Building the future (EUISS, Paris 2007). En el esquema de arriba, la advertencia provoca una reacción, permite evitar un mundo peor (w2), y pasar del mundo actual (w1) a un mundo mejor (w3). En el esquema de abajo, la advertencia no se escucha y vamos de cabeza a un mundo peor. Lógicamente esto debe concretarse y actualizarse a cada momento. En la situación actual, hay señales más que suficientes de que estamos haciendo algunas cosas mal, pero tampoco se escuchan advertencias que lo avisen.

Durante años trabajé en la prospectiva y en el análisis de las cuestiones europeas e internacionales. Ahora soy un simple académico y no tengo muchas posibilidades de presentar advertencias en el proceso de toma de decisiones. El análisis que uno hace, fruto de una larga experiencia, tiene un impacto muy distinto si está en un puesto de responsabilidad o si no tiene ninguna. En el primer caso, los informes entran en el engranaje de decisiones europeas o nacionales y tienen cierta influencia. Si uno está fuera del proceso decisorio, el trabajo producido tiene la misma calidad, pero con un impacto mínimo. Esto no ocurre solo a los académicos, sino también a los políticos, diplomáticos, militares o funcionarios que han tenido puestos relevantes y, después, comprueban que sus opiniones valen poco cuando han salido del sistema.

Este fenómeno es lógico porque no todo el mundo puede influir en las decisiones públicas, pero se ve agravado hoy debido a dos factores. Por un lado, la prensa, la televisión y Twitter son la medida de todas las cosas. Quienes toman decisiones dan prioridad a esos impulsos, lo que no es adecuado en tiempos convulsos porque es preciso análisis de calidad y este no depende de las audiencias. Por otro lado, el conocimiento sobre las cuestiones sociales no es hoy acumulativo, a diferencia de lo que ocurre con las ciencias experimentales. El hecho de que todo el mundo pueda opinar hace que todas las opiniones parezcan iguales. El mandatario debe tener una sensibilidad especial para identificar la mejor asesoría en un mundo complejo en medio del ruido, sensibilidad de la que disfrutan solo algunos líderes. En estas condiciones, se desincentiva la tarea de los expertos, y se prima el envoltorio más que los contenidos.
 
La prospectiva y el análisis se hacen con un propósito final. En general, el objetivo es hacer un país mejor, por lo que el motor es el patriotismo más allá de las ideologías y los partidos. En mi libro España en positivo, defendí el patriotismo constitucional frente al nacionalismo. Cuando la prospectiva se hace para la Unión Europea, hay que tener una convicción europeísta para hacer avanzar la integración y la paz en el continente, y el papel de Europa en el mundo. Pero el buen analista debe tener un marco de referencia incluso más amplio en un mundo global, y este marco de referencia son los principios democráticos y de convivencia pacífica. Aunque el sistema se quiebre o no funcione, es fundamental mantener esos valores para hacer progresar la Historia y evitar retrocesos dolorosos, como he explicado en mi trabajo sobre Filosofía de las relaciones internacionales. Precisamente la labor del analista es más necesaria que nunca cuando esos principios se ponen en juego, como va a ocurrir con la crisis que viene.

A lo largo de mi trabajo universitario y en las instituciones, siempre encontré inspiración en las grandes figuras de la primera modernidad. Francisco de Vitoria nunca alabó sin más lo que hacía su país, sino que juzgó lo que estaba ocurriendo en América de acuerdo a principios de humanidad. Fue cauto en sus lecciones en la Universidad, pero su verdadero genio se muestra en las cartas a sus amigos de la década de 1530. Allí criticó los abusos de sus compatriotas tanto como las prácticas inhumanas de los nativos americanos y afirmó la igualdad de todas las personas, haciendo brillar un espíritu adelantado a su tiempo. Miguel de Cervantes fue un gran patriota y soportó con entereza el hecho de que la administración de su tiempo ignorase sus peticiones de un puesto público. Pero el patriotismo de Cervantes no se refería solo a su país, que no supo agradecer los servicios prestados, sino que estaba vinculado a una patria más ideal: los principios encarnados en las virtudes que Don Quijote enumera en diversas ocasiones, y que Sancho aplicó también en su ínsula para sorpresa de sus burladores.

La crisis profunda que comienza ahora será económica, social, política, internacional y de valores, y conllevará riesgos mayores de lo que muchos imaginan. Aplicando el método “what if” en mi bola de cristal, afectará gravemente la vida política dentro de los Estados, pondrá en juego a la propia Unión Europea, así como grandes avances históricos. Requerirá la implicación de todos, y una renovada confianza en los principios fundamentales de convivencia que, en nuestro mundo global, son la patria inexcusable y auténtica.

El drama de la austeridad, segunda parte

He recibido numerosos comentarios a mi artículo Una política de Estado tras la crisis, publicado por la Fundación Hay Derecho, con siete ideas provocadoras. Quienes no aceptan que los salarios públicos y las pensiones bajen dicen que, si esto ocurre, saldrán a la calle para hacer la revolución. Los que tienen dinero, tras leer que hay que acabar con la elusión y evasión fiscal, me preguntan qué países son los mejores para llevarse sus cuentas. Como afirmo que hace falta consenso, los amigos más políticos responden que solo su partido puede hacer frente a la crisis. Y finalmente, a casi nadie le gusta la idea de que debemos cambiar de modo de vida para hacer una sociedad más humana y respetuosa con el medio ambiente. ¡No se puede complacer a todo el mundo!

Las reacciones más fuertes son de aquellos que rechazan la austeridad y piden mayor gasto público e inversiones para superar la crisis. Cuando digo que habrá que reducir el gasto, no quiero decir que eso me guste. Por favor no disparen al mensajero. Soy un firme defensor de lo público, y es evidente que los países avanzados son aquellos que tienen buenos sistemas sanitarios, educativos, de protección social, de justicia y seguridad, y por supuesto inversión adecuada en ciencia e investigación. El artículo advierte simplemente que, mirando la experiencia histórica, el gasto público tendrá que reducirse. Esto es lamentable pero será también inevitable. Y no dependerá del color del gobierno sino que cualquiera se verá en la obligación de hacerlo porque seguramente no quedará dinero en las arcas públicas, la recaudación no llegue, y la financiación externa sea demasiado cara. Al mismo tiempo, será preciso también subir los impuestos directos e indirectos y luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Y esto lo hará también cualquier partido en el gobierno.

En la crisis de 2008 vivimos un primer debate sobre la austeridad en Europa, y ahora comienza la segunda parte. Aunque esta vez será peor, porque aquellos años el epicentro fue Grecia (también Irlanda y Portugal), y seguramente ahora se centrará en Italia, con España en una situación algo mejor. Hemos olvidado muy pronto lo que ocurrió tras la crisis de 2008. Al principio, el Gobierno de Rodríguez Zapatero vivió una etapa de negación hasta el cambio brusco de las “políticas de ajuste” en mayo de 2010, que afectaron las pensiones, salarios de los funcionarios y e inversiones, hasta un punto que no recordamos. En otros países fue más doloroso, como es bien sabido. Grecia mantuvo una larga pugna con las instituciones europeas para evitar la quiebra, y tuvo que hacer reformas en muchos sectores. Alexis Tsipras fue elegido con la promesa de hacer frente a las medidas draconianas de la UE, pero una vez que llegó al gobierno administró la misma amarga medicina, quizás con la única ventaja de explicar al pueblo griego su necesidad. Entre 2010 y 2017 Grecia aprobó 14 paquetes de ajustes, que llevaron a bajadas sustantivas de las pensiones y los salarios públicos. Irlanda y Portugal también tuvieron sus propios programas de austeridad.

Al comenzar esta gran crisis que se anuncia, España y otros países europeos no estamos en una buena posición para enfrentarla, aunque España está quizás algo mejor que Italia. Hay que aumentar el déficit y la deuda, y las diferencias de partida son importantes. Uno de los caballos de batalla serán las pensiones. Según datos de la OCDE, los países de la UE emplean hoy estos porcentajes del PIB en pensiones: Grecia 16,9, Italia 16,1, Francia 13,9, Portugal 13,3, España 11, Alemania 10,1. Igualmente, el interés de la deuda es hoy un 2,4% del PIB para España mientras que Italia paga un 3,5% de intereses. Otro asunto importante serán los salarios públicos y privados. El sueldo de los funcionarios tendrá que verse afectado, pero será preciso también moderar los salarios. A lo largo de la anterior crisis, donde más bajaron fue en Grecia e Irlanda, en España se mantuvieron, mientras que en Italia y Francia subieron, según muestra el gráfico al comienzo de este comentario. En este aspecto, que los economistas llaman devaluación interna, estamos algo mejor que los últimos países mencionados.

La nueva temporada de austeridad no será fácil. Pertenece al género del drama político y la tragedia social. Se trata de un debate abierto que implica tanto a teóricos como a decisores políticos, pero el desenlace ya se puede prever. Para exponerlo de manera sencilla, un país en crisis necesita inversiones públicas, empleo y crecimiento para salir de la crisis, y poder pagar sus deudas. Pero si la recaudación fiscal es baja, y la deuda es demasiado alta entonces no podrán realizarse las inversiones y el gasto público que necesitamos. La Unión Europea y las instituciones financieras internacionales no dispondrán de recursos suficientes ante una crisis generalizada, y conseguir fondos en el mercado será demasiado oneroso. Habrá tensiones y frustración. La prioridad será buscar el mayor grado de cooperación europea posible, y la mantener la paz social a través de pedagogía política por parte de todos los partidos.

El sentimiento complejo de la vida se debe simplificar

El confinamiento lleva a replantearnos el ritmo de vida. Antes, nuestro ritmo de vida era demasiado acelerado y estresante. Hay que reconocerlo. Sin duda, el parón tampoco es bueno, pero lo ideal sería encontrar un nuevo término medio, más razonable y humano. Y esto no es cuestión de las leyes que van a regular la desescalada, sino un asunto que afecta a la cultura, la sociedad y las modas.

Uno de los problemas más graves de nuestra vida social es que vamos añadiendo cargas que producen gran ansiedad. Hace cien años la vida era más fácil y lenta, mientras que en las últimas décadas se ha impuesto un sentimiento complejo de la vida, que se ha convertido en una prisión de la que es difícil escapar. Existe una enorme presión social para tener éxito en el trabajo y en la familia, pero además uno debe ser atractivo, joven, deportista, culto, ecológico, ético, conocedor de la gastronomía y del vino, emprendedor, gran viajero, a la última de todas las series y todos los aparatos electrónicos, y por si faltaba algo debe tener también muchos seguidores en las redes sociales. Para las mujeres la carga es tremenda, porque deben ser buenas madres y al mismo tiempo responder a los retos profesionales, pero es indudable que sobre los hombres también pesan exigencias y no es fácil para ellos responder a lo que la sociedad hoy les reclama.

El sentimiento complejo de la vida produce ansiedad, estrés y frustración. La ambición humana, un instinto natural, hace que el hombre y la mujer de hoy quieran serlo y tenerlo todo y, obviamente, esto no es posible. La felicidad ya no se cifra en la salvación en el más allá, sino que viene definida como la riqueza, la belleza perenne, el consumismo sin freno, y el éxito en el más acá. Esto genera evidentemente una gran insatisfacción, y también consecuencias nefastas sobre la salud física y mental. El confinamiento ha impuesto un modo de vida diferente, que mira a aspectos más básicos de la vida, y recuerda que somos vulnerables. Una consecuencia positiva del trance actual sería replantear el modo de vida tras la crisis. Si retorna el business as usual como si nada, volverán los antiguos males, y habremos perdido el aspecto de oportunidad que siempre traen las crisis.

Elaborar un nuevo sentimiento de la vida menos complejo y más natural tras la pandemia será una tarea en la que los pensadores y los creadores de opinión podrían ayudar. En mi opinión es preciso restar complejidad, y quitar cargas y exigencias innecesarias a nuestra vida social. Sugiero dos vías de actuación. Por un lado, deberíamos recuperar el amor por la naturaleza, e incluso la contemplación de la realidad. Es estúpido ir a un sitio para hacerse un selfie y salir corriendo, sin conocer y experimentar. Recuerdo aquellas conversaciones al vuelo: “Tailandia ya lo he visto, ahora tengo que ver Vietnam”. Los paseos que hemos dado en ciudades libres de coches han sido un redescubrimiento de sus calles. Otro aspecto que sugiero es poner el acento en el arte y la creación. Entre mis jóvenes estudiantes, observo que ya no tienen paciencia para leer un libro, acostumbrados como están a mensajes cortos, videos e imágenes de las redes sociales. Pintar, leer, escribir, hacer o escuchar música, cocinar, danzar, etc., todo esto favorece la creatividad, y permite apreciar el gran patrimonio cultural que tenemos a nuestra disposición. Muchos están al tanto de las últimas series mediocres pero no conocen el cine clásico. En el engranaje implacable y consumista del sentimiento complejo de la vida que nos aprisionaba, habíamos olvidado la dimensión cultural, espiritual y de relación con la naturaleza, que es necesaria para el equilibrio humano.

La nueva normalidad en la Historia

La normalidad ha ido cambiando a lo largo de la Historia con la cultura y la civilización. Son procesos lentos. En un primer momento, todo el mundo cree que la vida que lleva es normal, mientras que cien años después la misma sociedad ya no acepta aquello que era normal y ha surgido una nueva normalidad.

Hasta el siglo XVIII la esclavitud era normal, sobre todo en las colonias. Los movimientos abolicionistas y la Guerra Civil en Estados Unidos hicieron que dejara de ser normal.
La guerra era también algo normal en la vida de la gente, y en Europa todo el mundo esperaba en el curso de su existencia tener que sobrevivir un par de ellas. Desde la Segunda Mundial, la nueva normalidad en nuestro continente es la paz.
Lo normal durante siglos en todo el mundo era tener una visión religiosa de la vida y la muerte. Hoy esto ya no es normal. A cualquier observador del pasado le sorprendería comprobar la ausencia de religión en un momento de pandemia.
El transporte estaba dominado por caballos, mulas, asnos, carruajes, etcétera, hasta bien entrado el siglo XX. Lo normal era ver esos animales llenando las ciudades y carreteras, y ahora han desaparecido.
Volar no era normal hasta los años 1950. Los viajes transatlánticos se hacían en barco y los largos viajes por tierra en tren. Eso no impidió la expansión por todo el mundo a lo largo de siglos.
La discriminación de la mujer era algo normal hasta hace unas décadas, y estaba regulada en las leyes de los diferentes países. Lo normal era que la mujer no pudiera votar ni participar en la mayor parte de la vida pública.

Teniendo en cuenta esos cambios de normalidad asociados a la cultura y la civilización, las disposiciones para una “nueva normalidad” debidas a la pandemia de coronavirus son más bien medidas de emergencia que durarán entre unos meses y un año y medio o dos años como mucho. Evidentemente, las medidas cambiarán las costumbres durante ese tiempo, pero lo más probable es que, después, la vida vuelva a ser similar a como era antes. Es decir, llenaremos cines, teatros, restaurantes y campos de fútbol, y la gente se abrazará en la calle.
En cambio, la verdadera nueva normalidad que irá desarrollándose con el tiempo afectará al modo de vida consumista y acelerado que se había impuesto con la globalización. Casi seguro, poderosas razones, entre las que hay que incluir el deterioro del medio ambiente y el cambio climático, obligarán a la sociedad a aceptar una nueva normalidad en un gran cambio tectónico como los señalados más arriba. Pero eso no se hará solo con unas normas legales, sino que hará falta una transformación profunda de las mentalidades. ¿Es eso posible? Claro que sí. Ya ocurrió al abandonar la esclavitud, la discriminación de la mujer o la guerra en la mayor parte del planeta.

Coronavirus: La decisión de nuestras vidas

La prestigiosa web de estudios internacionales Esglobal publicó el pasado 15 de abril mi artículo titulado "La decisión de nuestras vidas". El confinamiento salva vidas pero si dura demasiado tiempo tendrá un efecto muy negativo sobre la economía y la sociedad. Una caída demasiado acusada de la economía también produce daños enormes. Nuestros gobernantes deben tomar decisiones muy difíciles para hacer frente a la pandemia de coronavirus COVID-19. El texto de mi artículo puede leerse aqui: https://www.esglobal.org/pandemia-coronavirus-la-decision-de-nuestras-vidas/.

Las relaciones entre España y Gibraltar tras el Brexit

Las relaciones entre España y Gibraltar entran en una nueva fase tras el Brexit. Miguel Ángel Domínguez de Radio 5 de Radio Nacional me hizo esta entrevista sobre la cuestión de Gibraltar. Dentro audio ⏩ http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/la-entrevista-de-radio-5/entrevista-radio-5-martin-ortega-carcelen-21-01-20/5488821/.

Para analizar la nueva fase más constructiva entre Gibraltar y su entorno, he escrito este artículo para Esglobal, que se encuentra disponible en el siguiente enlace: España y Gibraltar entran en una nueva etapa. 

Cuando el Parlamento Europeo confirmó el Brexit, los eurodiputados en pie entonaron Auld Lang Syne, una triste canción escocesa de despedida. Cuando el Brexit se materialice en lo que se refiere a la relación entre España y Gibraltar, la canción será seguro más alegre, y la sevillana que corea “No te vayas todavía, no te vayas por favor” es más pertinente.

El resultado en Gibraltar del referéndum sobre el Brexit, con un 96% de votos a favor de permanecer en la Unión, anunciaba un tratamiento distinto de la relación entre España y el Peñón, y este vaticinio se ha confirmado con el régimen jurídico que las partes implicadas han pactado en los últimos meses. Puede afirmarse que, tras el Brexit, dichas relaciones entran en una fase de normalización, en la cual Gibraltar estará cada vez más integrado en su entorno y su derecho será más europeo, sin necesidad de alterar las respectivas posiciones sobre la soberanía.

En el proceso de negociación de las nuevas relaciones con España se ha observado un cierto distanciamiento entre Gibraltar y Londres, consecuencia lógica de la diferencia de intereses, y de la necesidad de Gibraltar y de su entorno de asegurar una convivencia provechosa y evitar posibles consecuencias negativas de la separación, sea cual sea la naturaleza del Brexit. Formalmente, las autoridades del Peñón y de Londres siguen afirmando que Gibraltar pertenece a la familia británica y que no hay un cambio de posición por lo que respecta a la soberanía. Pero esta proclamación formal ha ido acompañada de la negociación de un nuevo régimen jurídico de la relación con España que supone una homogeneización de Gibraltar y la realidad europea. Por su parte, nuestro país afrontó esta fase de definición del nuevo régimen con gran pragmatismo.

La nueva relación se basa en los siguientes principios fundamentales:

A) El Protocolo sobre Gibraltar contenido en el Acuerdo de Retirada entre la Unión Europea y el Reino Unido de 17 de octubre de 2019.

B) Cuatro Memorandos de Entendimiento firmados entre España y Reino Unido sobre Gibraltar el 29 de noviembre de 2018, consagrados a las siguientes materias: derechos de los ciudadanos, tabaco, medio ambiente, cooperación policial y aduanera.

C) Un Tratado sobre Fiscalidad, que fue firmado entre España y Reino Unido el 4 de marzo de 2019 y que está pendiente de confirmación parlamentaria en los dos países.

D) El principio del beneplácito de España sobre las cuestiones que afectan a Gibraltar en la negociación, que se inicia ahora, del nuevo estatuto de las relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido. El punto 24 de las Orientaciones del Consejo Europeo para esa negociación, de 29 abril de 2017, afirmaba: “Una vez que el Reino Unido haya abandonado la UE, ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido”.

Los cuatro Memorandos de Entendimiento (MOU) establecen un régimen de cooperación avanzada. En síntesis, Gibraltar se compromete a acercar su economía y su derecho a los parámetros europeos. El Memorando sobre los ciudadanos garantiza los derechos de los trabajadores del Campo de Gibraltar, y prevé mecanismos de coordinación e intercambio de información entre las autoridades de ambos lados de la verja. El MOU sobre tabaco establece obligaciones de control del mercado gibraltareño, y sus autoridades deberán igualar progresivamente el precio de los productos del tabaco a los españoles, medida importante para luchar contra el contrabando y la entrada ilegal de tabaco en España, con el efecto negativo que tienen estas actividades en la seguridad y en la recaudación fiscal.

El MOU sobre medio ambiente prevé la cooperación para conseguir la máxima protección en la zona en materias como la gestión de residuos sólidos y líquidos, el control del suministro de combustible a embarcaciones y la investigación marina. En fin, el MOU sobre cooperación policial y aduanera prevé el reforzamiento de la colaboración entre autoridades para controlar la delincuencia en la región, en particular el narcotráfico y el tráfico de personas.

Por su parte, el Acuerdo Internacional sobre fiscalidad, una vez ratificado por las dos partes, será el primer tratado internacional bilateral sobre Gibraltar que España y Reino Unido hacen desde Utrecht. En este Acuerdo se fijan unos criterios de residencia fiscal de las personas físicas y de las empresas, destinados a garantizar la plena transparencia fiscal en Gibraltar, y que permitirán la lucha contra el fraude, el contrabando y el blanqueo de dinero, así como la evasión fiscal en nuestro país.

Es importante destacar que este nuevo marco bilateral de la relación entre España y Gibraltar ha sido respaldado y ampliado en el Protocolo sobre Gibraltar que acompaña al Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE. Puede afirmarse que la Unión Europea va a tutelar tales compromisos así como su gestión. España y Reino Unido deben crear Comités de coordinación en las diversas materias, donde participan las autoridades de Gibraltar y de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar según prevén los MOU, y estos grupos de trabajo deben informar al Comité Especializado sobre Gibraltar que la Unión Europea ha previsto en el artículo 165 del Acuerdo de Retirada. Por tanto, se produce un interesante régimen que puede imaginarse en tres niveles interconectados: la cooperación local a ambos lados de la frontera, la bilateral entre España y Reino Unido, y la multilateral bajo el paraguas de la Unión Europea.

Igualmente, hay que subrayar que el Protocolo sobre Gibraltar del Acuerdo de Retirada incluye aspectos más amplios que los MOU en algunas cuestiones. Por ejemplo, se prevé un futuro pacto entre España y Reino Unido sobre el aeropuerto, se exige a Gibraltar una mayor aceptación de los criterios de la OCDE en la lucha contra “prácticas fiscales perjudiciales” como BEPS, se menciona la necesidad de impedir actividades fraudulentas en relación al alcohol y la gasolina, y se reclama al Reino Unido que amplíe a Gibraltar los tratados internacionales que se refieren al control del tabaco.

En conclusión, tanto en su dimensión bilateral como en la multilateral auspiciada por la Unión Europea, el régimen pactado augura el inicio de unas relaciones entre España y Gibraltar que suponen un mayor respeto de las normas europeas y una lucha más intensa contra la delincuencia organizada.

Al mismo tiempo, tanto Gibraltar como la Mancomunidad del Campo de Gibraltar tienen como prioridad mantener el paso por la frontera de la forma más eficiente posible. El impacto del cierre de la frontera por un Brexit duro hubiese sido desastroso para toda la región. En cifras redondas unas 14.000 personas cruzan al día la línea, de las cuales unos nueve mil son españoles. Esta prioridad debe combinarse a partir de ahora con una colaboración más estrecha entre autoridades aduaneras, policiales y judiciales en la lucha contra actividades ilícitas.

En algún momento, Gibraltar temió el posible cierre de la verja debido a un Brexit duro que transformaría la línea en una frontera exterior de la UE, y ha operado para que esto no fuera así. Incluso, el 18 de enero de 2020, Fabian Picardo propuso que Gibraltar se uniese al espacio Schengen para evitar cierres de la frontera, a lo que el Foreign Office respondió recordando que las relaciones exteriores de la colonia siguen siendo competencia de Reino Unido. Un dato más que demuestra la divergencia de intereses entre Gibraltar y Londres.

Tal diferencia de puntos de vista desde el referéndum sobre el Brexit en 2016 ha posibilitado la definición de unas nuevas relaciones entre España y el Peñón, con un régimen jurídico que debe consolidarse a lo largo de 2020, sin perjuicio de cuál sea el avance de la negociación sobre el estatuto final de la Unión y el Reino Unido. Si esta nueva atmósfera positiva en las relaciones, más pragmática y europeísta, se confirma, muy probablemente habrá beneficios mutuos para Gibraltar y su entorno, y una mayor aplicación de las normas europeas en toda la región.

El mito del Estado plurinacional

España es un Estado descentralizado pero no es un Estado plurinacional. Lo explica este artículo publicado en Hay Derecho, que está accesible en este enlace: Mito y paranoia del Estado plurinacional. Es importante comprender que España es uno de los países del mundo donde los poderes territoriales tienen más competencias. Los independentistas han querido dar la imagen de que España es un país centralista y no hay nada más lejos de la realidad. 

La distribución territorial del poder en España se conoce como Estado de las Autonomías desde la Constitución de 1978, y hay un debate abierto sobre su reforma y sobre si debería cambiarse la denominación a la de Estado federal. La Constitución de 1931 eligió otro término, pues definía a España como Estado integral, reconociendo la autonomía de municipios y regiones, que se constituían en Regiones autónomas a través de sus Estatutos, aprobados por los dos tercios de la población del territorio y por las Cortes.  

Entre las ideas para la reforma de nuestro sistema territorial y de la Constitución, ha aparecido la noción de Estado plurinacional. Esta propuesta se observa en los programas y discursos de algunos partidos nacionalistas y en Unidas Podemos. Sin embargo, no hay una definición clara de lo que significa esta idea, y en concreto no existe una lista de cuántas naciones incluye esa pluralidad. En el programa electoral de Podemos para las elecciones del 10 de noviembre, entre 289 medidas, solo había una mención al término en la página 115, donde se decía: “Desde su misma Constitución, el nuestro es un país plurinacional”, sin dar más detalles. En programas anteriores, la misma formación había mantenido que serían consideradas naciones aquellos territorios de España “que lo hayan pedido con especial insistencia”. En los trabajos académicos de sus proponentes tampoco se explica cómo se articularía ese tipo de organización territorial del poder, aunque a veces se da a entender que se aceptarían referéndums de autodeterminación en muchas comunidades. El día 4 de enero pasado, en el debate de investidura del Presidente del Gobierno, Gabriel Rufián (ERC) dijo “Viva Andalucía libre, Gora Euskal Herria askatuta, viva Galiza Ceibe, Visca els Països Catalans”, dando a entender que Navarra estaría incluida en el País Vasco, y Baleares y Valencia en los Países Catalanes.

Ante la falta de definición de lo que es el Estado plurinacional, es necesario estudiar casos similares en el constitucionalismo comparado. Comenzando por la República Bolivariana de Venezuela, se declara como Estado Federal descentralizado que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Pero no reconoce la plurinacionalidad, antes bien se consagra la integridad y la soberanía nacional. La Constitución aprobada con el impulso del presidente Chávez afirma que el pueblo venezolano es “único, soberano e indivisible” y aclara que los pueblos indígenas no son pueblos en el sentido del Derecho Internacional.

Artículo 126. Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional.

El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el Derecho Internacional.

En Ecuador, la Constitución de 2008 en su artículo 1 proclama que es “un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. Por tanto, la idea de unitario aparece antes que la de plurinacional. En el artículo 3 se indica que uno de los deberes primordiales del Estado es “fortalecer la unidad nacional en la diversidad”. El articulo 4 prosigue declarando que “El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión”. En la misma Constitución se promueve el gobierno de forma descentralizada. La primera disposición del Título V donde se regulan los poderes territoriales establece:  

Artículo 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.

Otro caso interesante es el Estado plurinacional de Bolivia y su Constitución de 2009 promulgada por el Presidente Evo Morales. El artículo 1 establece que “Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario”, por lo que también se define unitario antes que plurinacional. El artículo 3 habla de “la nación boliviana” como la totalidad de las bolivianas y bolivianos sea cual sea su origen. Es decir, el Estado se declara plurinacional pero al mismo tiempo hay una sola nación. El artículo 108 de la Constitución subraya que uno de los deberes fundamentales de las bolivianas y bolivianos es “Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones”, y otro “Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus símbolos y valores”.

La estructura y organización territorial del Estado plurinacional de Bolivia se regula en los artículos 269 y siguientes, con una configuración en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas, sin reconocer en ningún momento la autodeterminación. El referendo se prevé solo en la reforma constitucional y para todo el Estado en el artículo 411. La idea de "libre determinación", que aparece de manera retórica para las comunidades nativas se concreta así en el artículo 292: “Cada autonomía indígena originario campesina elaborará su Estatuto, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, según la Constitución y la Ley”. En cuanto al reparto territorial del poder, la lista de competencias privativas y exclusivas del Estado central es impresionante (el artículo 298 incluye 60 conceptos), lo que demuestra que en la realidad es un sistema próximo al centralismo. La mejor muestra de lo que significa plurinacionalidad en Bolivia es la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (número 31 de 19 de julio de 2010), que desarrolla el artículo 271 de la Constitución. Esta Ley Marco establece como primer principio la unidad, definiéndolo así: “El régimen de autonomías se fundamenta en la indivisibilidad de la soberanía y del territorio boliviano, la cohesión interna del Estado y la aplicación uniforme de las políticas de Estado”. A continuación, la Ley Marco reconoce el principio de solidaridad: “Los gobiernos autónomos actuarán conjuntamente con el nivel central del Estado en la satisfacción de las necesidades colectivas, mediante la coordinación y cooperación permanente entre ellos y utilizarán mecanismos redistributivos para garantizar un aprovechamiento equitativo de los recursos”. Es decir, la idea de plurinacionalidad en Bolivia es básicamente una fórmula que debe enmarcarse en la indivisibilidad de la soberanía, del territorio y la nación boliviana, así como en la obligación de la solidaridad territorial.

La falta de definición de la plurinacionalidad por parte de sus proponentes en España y la realidad constitucional en los países que se declaran como tales llevan a concluir que se trata de un término sin contenido, como una bandera que se enarbola para fines retóricos pero cuyo significado debe precisarse en los casos concretos, y queda por saber qué significa en España.  

Además de ser un mito, en nuestro país la plurinacionalidad está asociada a la paranoia de que España es un Estado centralista, cuando es uno de los más descentralizados del mundo. El nacionalismo irredento, sobre todo en Cataluña, ha repetido hasta la saciedad los mantras de que somos un régimen franquista, un país no democrático y atrasado, donde no se respetan los derechos, y con un sistema autonómico lamentable, quizás con el propósito, conocido desde tiempos más tristes, de que una mentira repetida las veces suficientes se convierte en verdad. En general, la psicología demuestra que cuando la realidad es muy distinta a la percepción, y las evidencias racionales contradicen los falsos juicios, estamos ante una paranoia. Es fundamental mantener la clarividencia en estos casos para no contagiarse de la locura.

La evaluación de nuestro sistema territorial debe hacerse de manera desapasionada, teniendo en cuenta criterios objetivos y con perspectiva internacional. El enfoque nominalista (si se llama federal, autonómico, confederal o plurinacional) no es tan importante, ya que existen denominaciones variadas en las distintas Constituciones del mundo. Lo que importa es la realidad del autogobierno de los territorios, que se mide por criterios como capacidad legislativa, instituciones propias, competencias, autonomía fiscal, capacidad para ejecutar presupuesto, promoción de la cultura y la lengua, y participación en los asuntos del Estado.

El relato del separatismo catalán ha dado la imagen de un supuesto centralismo español que agobiaba a Cataluña y que impedía el autogobierno. Pero esta paranoia debe someterse a escrutinio comparado. El Regional Authority Index es un ranking sobre la descentralización en los diversos países del mundo elaborado por una red de expertos, que fue publicado en 2016 por Oxford University Press. El índice incluye diez dimensiones del autogobierno, y da lugar a una puntación que va de los Estados más descentralizados a los menos. La siguiente lista contiene los veinte países con mayor grado de descentralización territorial según este estudio (Liesbet Hooghe, Gary Marks, Arjan H. Schakel et al., Measuring Regional Authority, Oxford University Press, 2016).

1	Alemania	37,0
2	España	33,6
3	Bélgica	33,1
4	Estados Unidos	29,6
5	Italia	27,3
6	Bosnia & H.	27,1
7	Suiza	26,5
8	Canadá	26,0
9	Australia	25,4
10	Argentina	23,5
11	Austria	23,0
12	Malasia	21,5
13	Indonesia	20,8
14	Rusia	20,1
15	México	20,0
16	Francia	20,0
17	Brasil	19,5
18	Perú	18,1
19	Holanda	17,5
20	Bolivia	13,5

Hay que destacar que este ranking se elaboró en 2016, teniendo en cuenta la práctica jurídica y constitucional de los diversos países en los años precedentes, y al margen de los debates internos sobre la posible reforma de los distintos sistemas. La conclusión es que España aparece entre los países más descentralizados del mundo junto a Estados federales como Alemania y Estados Unidos, o confederales como Suiza. Federaciones como Rusia o la República Federativa de Brasil o países que llevan en su nombre la expresión “Estados Unidos”, como México, están más abajo, así como Bolivia, que se declara Estado plurinacional, que aparece en el puesto número 20. Canadá, que tiene concedida una autonomía importante a Quebec, aparece en el puesto 8. Reino Unido, que como es sabido ha devuelto competencias a Escocia en los últimos años, no figura en esta lista porque está situado en el puesto 28.

Hoy existen índices sobre la democracia, las libertades, la descentralización, la sanidad, la esperanza de vida, la situación de las mujeres o el desarrollo humano, y en todos ellos nuestro país obtiene las máximas calificaciones. Sin embargo, en España no hay una conciencia generalizada de que somos uno de los países más avanzados del mundo, cuando deberíamos mirar más a España en positivo. La excesiva auto-crítica se debe a un carácter pasional que tiende a mirar más los defectos que las virtudes, y que encuentra difícil comprender los avances que han transformado profundamente nuestro país en estos cuarenta años de democracia, con una destacable modernización, con avances sociales, participación plena en Europa y en la globalización. Es cierto que debemos seguir mejorando y que pueden considerarse propuestas de reforma de la Constitución, las leyes, y también de la cultura y la sociedad, pero deberíamos partir de la situación real, y no alimentar ni mitos ni paranoias que a la hora de la verdad, por muy modernos que quieran presentarse, nos retrotraen al pasado.